Cuidar la Creación de forma conjunta: un llamamiento de representantes de religiones y de congregaciones religiosas a la responsabilidad empresarial

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza" (Laudato si', 139)

Nuestra Casa Común y nuestra familia humana se enfrentan a retos dramáticos.

En 2022, mientras nos esforzábamos por salir de la pandemia de Covid-19, la invasión rusa de Ucrania abrió una nueva crisis humanitaria en Europa. Las últimas advertencias del IPCC sobre cambio climático muestran un replanteamiento urgente de nuestra economía. Las personas, y no los beneficios, deben estar en el centro de las políticas futuras. Una prioridad clave en esta dirección es procurar un comportamiento responsable de las empresas.

Las actividades empresariales no reguladas se han relacionado con violaciones de los derechos humanos, acoso y asesinatos de personas defensoras de estos derechos, desestructuración de comunidades y daños irreparables a la biodiversidad. Las débiles iniciativas de leyes basadas en el compromiso voluntario mantienen el statu quo. El considerable poder que ostentan las empresas, sus recursos jurídicos y su intrincada estructura corporativa dificultan el acceso de las víctimas a la justicia y a la reparación.

Acogemos con satisfacción que, con la propuesta de Directiva de la UE sobre la Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad, la UE esté actuando. La propuesta pretende prevenir, mitigar y poner fin a los efectos nocivos de las actividades empresariales sobre las personas y el planeta.

El proyecto de ley es también el resultado de años de campaña por parte de organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos que pedían a la Comisión de la UE que adoptara una legislación obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente. En 2020, más de 230 obispos católicos firmaron una carta abierta en la que pedían a la ONU, la UE y los Estados que introdujeran legislación para poner fin a los abusos de las empresas y garantizar la solidaridad mundial. La propuesta cuenta con un amplio apoyo en toda la UE, como se desprende de la consulta pública de la Comisión Europea 2020 y de una encuesta de YouGov realizada en nueve países de la UE.

Personas de todo el mundo vienen denunciando las repercusiones negativas de las empresas en sus comunidades y territorios y exigiendo que se tomen medidas. En 2021, cinco organizaciones de derechos humanos de Pakistán, Nigeria, Colombia, Bangladesh y Honduras escribieron al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y al comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, para exigir que las nuevas normas de la UE garanticen el acceso a la justicia de las comunidades afectadas por los abusos de las empresas. Relataron las luchas de los territorios que representan y el impacto destructivo que el comportamiento empresarial no regulado puede tener sobre las personas vulnerables y las comunidades indígenas. Son ellas quienes presencian cómo las actividades empresariales destruyen sus territorios y provocan desplazamientos, la alteración de los modos de vida tradicionales y la violación de los derechos de quienes trabajan.

Aunque la propuesta de Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad es un primer paso importante para abordar estas cuestiones, no responde sustancialmente a las necesidades urgentes de prevenir y acabar con las actividades empresariales perjudiciales. Y lo que es más importante, la propuesta ofrece respuestas insuficientes a quienes buscan justicia.

Nos reunimos desde diferentes confesiones unidas en nuestro esfuerzo común por cuidar de la Creación. Instamos al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE a que defiendan una directiva fuerte, que mantenga los elementos adecuados de la actual propuesta y, al mismo tiempo, la mejore sustancialmente. Para ello, quienes co-legislan deben reforzar las disposiciones sobre justicia y garantizar un mayor nivel de protección del planeta y de los derechos humanos.

  • En particular, deben reforzarse las disposiciones sobre responsabilidad civil y acceso a la justicia. Cuando las empresas causan daños o contribuyen a ellos, no debe esperarse que las víctimas soporten la carga de la prueba. Es responsabilidad de la empresa demostrar que tomó las medidas adecuadas para evitar el daño. El proyecto tampoco aborda las barreras prácticas al acceso a la justicia a las que se enfrentan las víctimas, como la falta de información clave accesible públicamente, las limitaciones de tiempo y los obstáculos a la reparación colectiva.

  • Además, la gama de riesgos e impactos ambientales cubiertos por la propuesta debe ampliarse significativamente y hacerse flexible para responder a la amplia sucesión de impactos negativos que las empresas tienen sobre el medio ambiente.

  • El cuidado de la creación debe estar en el centro de las actividades de las empresas. Lamentablemente, la propuesta sólo exige a las empresas que tomen medidas mínimas para hacer frente a los riesgos e impactos relacionados con el cambio climático. La insuficiencia de las disposiciones climáticas de la propuesta es una afrenta dolorosa para quienes ya están soportando los impactos letales del cambio climático y una negación inaceptable del papel de las sociedades europeas ante este problema. La Directiva debe ir más allá de los planes de acción climática, cuya aplicación no se supervisa ni se hace cumplir, e integrar los riesgos e impactos climáticos dentro de las obligaciones más amplias de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente.

  • La propuesta tampoco reconoce el impacto específico que los abusos contra los derechos humanos tienen sobre las mujeres y los pueblos indígenas, ni el papel que quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente desempeñan en la protección de las personas y el planeta, recogido en las normas internacionales. La consulta a las partes interesadas no figura en la propuesta como parte integrante del proceso de diligencia debida y queda relegada a realizarse "cuando proceda". Las empresas siempre deben comprometerse con las partes interesadas relevantes y afectadas cuando lleven a cabo sus obligaciones de diligencia debida.

  • Para garantizar una prevención eficaz de las actividades perjudiciales debería ampliarse el ámbito de aplicación de la Directiva. Tal como está ahora, sólo afecta al 1% de las empresas de la UE, dejando fuera a las pequeñas y medianas empresas (PYME), si no forman parte de cadenas de suministro de empresas más grandes. Todas las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos y el medio ambiente y de prevenir los daños. Las obligaciones de Diligencia Debida pueden ser proporcionales al tamaño y las operaciones de las PYME y se les puede prestar apoyo para que las cumplan.

Por último, la protección eficaz de las personas y el planeta a escala mundial implica actuar más allá de las fronteras de la UE. La UE y sus Estados miembros deben participar de forma constructiva en las negociaciones en curso para un Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales que garantice el máximo nivel de protección a las personas afectadas por los abusos de las empresas y que colme las lagunas de la legislación internacional sobre derechos humanos.

Creemos sinceramente que la inclusión de estos puntos en la Directiva la hará más eficaz y contribuirá a proteger la dignidad humana y nuestra Casa Común. Pedimos a las personas con responsabilidad política que actúen para hacer de la UE un líder mundial contra el abuso empresarial.

Pueden firmar personas representantes de religiones y de congregaciones religiosas.

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